IZQUIERDA SOCIALISTA – PSOE

Posiciones de la Asamblea Federal de IS celebrada en Madrid en septiembre de 2011

HACIA LA III REPÚBLICA FEDERAL, LAICA Y PARTICIPATIVA

Los y las socialistas debemos encabezar la lucha por recuperar la forma republicana de Estado. Hemos de considerar que los conceptos, Estado Federal y República, forman parte del genoma político del socialismo en España.

Hoy, tras 33 años de la aprobación de la actual Constitución española, ha llegado el momento de revisarla en profundidad para liberarla de las limitaciones y tutelas que en aquel contexto de la transición se impusieron por parte de los poderes fácticos existentes, en un marco de cesión obligada de legitimidades. Ha llegado el momento de que el mando supremo de las fuerzas armadas españolas deje de estar en manos del Rey para pasar al Presidente de la República democráticamente elegido.

La configuración de un Estado Español republicano, federal y laico vuelve a estar en la vanguardia de las reivindicaciones de la ciudadanía. El Partido Socialista debe recuperar su naturaleza de partido republicano, pues sin la premisa de la elección libre y democrática de todos y cada uno de los cargos representativos del Estado, además de contradecir nuestro ideal de igualdad, nunca podrá desarrollarse plenamente el sistema democrático, y por tanto, quedará incompleta la soberanía popular.

Por ello, el Partido Socialista Obrero Español debe colaborar con los partidos políticos de izquierdas y con las asociaciones y plataformas que buscan dichos objetivos, en especial con la Plataforma 14 de abril que agrupa a la inmensa mayoría de este tipo de organizaciones a nivel estatal,  para unificar los esfuerzos en pro de la consecución de la III República.

PROPUESTAS:

•Recuperar los principios republicanos en los Estatutos del PSOE. El Partido debe restablecer en sus Estatutos la defensa de la República como forma de Estado, y como horizonte histórico hacia el que avanzar, desde la evolución y reformas democráticas necesarias del Estado actual.

•Impulsar la recuperación del significado de la II Republica, su memoria y conmemoración, tanto con la colaboración con partidos de izquierda y asociaciones y plataformas como la Plataforma 14 de abril, así como con iniciativas propias.

•Integración de los municipios gobernados por el PSOE en la red de municipios por la III República.

•Aplicar la Ley de Memoria Histórica en todos los ámbitos, incluido el de su reforma si procede. La memoria y la dignidad de las víctimas del franquismo han de ser plenamente salvaguardada por la democracia española. La apología del franquismo ha de ser considerada un delito homologable al de terrorismo.

•Apoyar la convocatoria de un referéndum para decidir entre monarquía y republica. La plena ciudadanía española exige aplicar el derecho a decidir la forma de Estado bajo el que queremos vivir. El déficit democrático que se arrastra desde los años setenta en los que no se convocó ese necesario referéndum ha de ser superado en la actualidad.

2.- Un Estado Federal

Tras el proceso de recentralización que está realizando actualmente el gobierno conservador que nos está devolviendo poco a poco al modelo centralista de la etapa franquista, hay que mostrar en los hechos que la Nación de Naciones que es España puede aunar la diversidad y la cohesión, la unidad y la pluralidad, la especificidad y la solidaridad.

Hay que recuperar y actualizar la tradición federal del socialismo para aunar el respeto a la diversidad cultural y al autogobierno con la solidaridad interterritorial.

En la España federal a la que aspiramos el modelo territorial se articulará en tres niveles de gobierno. A saber:

•nivel estatal: formado por el Gobierno de España y todas las entidades e instituciones que abarcan el conjunto del Estado. La Administración Periférica del estado debe ir desapareciendo paulatinamente y con plazos preestablecidos, dejando como única institución estatal con representación nacional/regional a la Delegación del Gobierno.

•nivel autonómico: integrado por los Estados Federales. Este nivel debe ser reformado para facilitar su encaje en una España Federal que reconozca y respete la realidad plurinacional y pluriregional de España.

•nivel local: formado por los municipios y todas las entidades e instituciones de articulación de los municipios. La futura reforma de la Ley de Bases de Régimen Local deberá contemplar el reforzamiento de la autonomía municipal.

La mejora de la estructura del estado en España y de la calidad democrática debe asentarse en los principios de simplicidad, sencillez, claridad, economía, eficiencia y compromiso. Defendemos un federalismo cooperativo y pluralista totalmente consonante con los principios y valores democráticos, capaz de dar cabida al reconocimiento de las diversas realidades nacionales, a la vez que asegura la cohesión del Estado y la solidaridad interterritorial para garantizar la igualdad de derechos de todos los ciudadanos de España.

Un Estado federal de este tipo permite mantener su unidad sin necesidad de imposiciones uniformizadoras, de la misma manera que garantiza el respeto a la diferencia sin riesgos de rupturas traumáticas. Esta España federal conformará una buena inserción del Estado y de sus Estados Federales en la Unión Europea, a la vez que dispondrá de recursos políticos idóneos para profundizar en el municipalismo.

PROPUESTAS:

  • Todas las entidades e instituciones públicas han de sustentarse en cuatro principios democráticos básicos: (1) flexibilidad organizativa: pudiendo adoptar la forma y el tamaño que mejor se ajuste al cumplimiento de sus fines; (2) transparencia informativa: publicación periódica de toda la información producida (balances, evaluaciones, salarios…); (3) democracia institucional: con la apertura de espacios para la participación de los actores relevantes del sector o área en el que esté incardinados; y (4) control permanente: con la acción decidida de los organismos contables y de evaluación para que puedan realizar controles de gestión o evaluaciones.
  • La consolidación del modelo federal reclama la reforma inmediata del Senado para ser la cámara parlamentaria de representación territorial. Para ello en las elecciones generales habría una única circunscripción electoral en la representación al Congreso de los Diputados, mientras que al Senado la circunscripción serían los Estados Federales.
  • Supresión de las Diputaciones provinciales mediante transferencia de sus competencias, recursos económicos y recursos humanos hacia los Estados Federales, los Ayuntamientos y las entidades intermunicipales donde las hubiere.
  • Incentivar la disminución del número de Ayuntamientos, mediante la agregación o concentración de varios, constituyendo nuevas entidades sostenibles capaces de proporcionar a los ciudadanos, servicios básicos de calidad, sin que ello merme la representación y pluralismo político esencial de los municipios.
  • Desarrollo de la autonomía municipal y mejora de su capacidad financiera.
  • Defensa de la dignidad y trabajo de los funcionarios y empleados públicos. Impulso de medidas para la mayor presencia y eficacia de las administraciones publicas por vía electrónica.

3. – Un Estado Laico

Las instituciones democráticas de una sociedad moderna no deben estar al servicio de ninguna confesión religiosa. El mundo de las creencias religiosas tiene sus propios ámbitos de expresión y articulación que no deben confundirse con los de la sociedad política democráticamente constituida. Las normas de una confesión religiosa sólo pueden obligar a sus miembros. Las normas del Estado democrático y de derecho obligan a todos. Por todo ello, el Partido Socialista Obrero Español,  debe abolir el concordato entre el Estado y la Iglesia como medio efectivo y real de la división entre Iglesia y Estado, cumpliendo así con el carácter laico que caracteriza a nuestra organización.

PROPUESTAS:

  • Abolición de los Acuerdos firmados por el Estado español con el Estado Vaticano el año 1978.
  • Aprobación y desarrollo de una Ley de Libertad de Conciencia que garantice el derecho fundamental a tener las creencias que se consideren oportunas, sean o no de orden religioso, sin discriminación alguna por ello y sin privilegios para ninguna persona o colectivo.
  • Reformar el Artículo 16 de la Constitución Española para evitar cualquier referencia expresa a una confesión determinada, recogiendo expresamente el derecho inalienable de todo ser humano a tener las creencias y convicciones que estime convenientes.

4.- Un Estado Participativo

Ampliar la democratización del sistema político y la participación de la ciudadanía

Hoy el concepto pleno de ciudadanía democrática integra un amplio conjunto de derechos universales, una dimensión ético-moral y humanitaria de responsabilidades individuales y compromisos colectivos y la identificación de las personas con los valores, derechos y libertades que fundamentan la igualdad real de los seres humanos, mejores formas de vida y más dignas, el auténtico bienestar y el progreso de la humanidad. Tal concepto y principios irrenunciables no pueden subordinarse a poderosos intereses particulares que, frente a la necesidad de reasignación de recursos para las políticas sociales, desde el individualismo posesivo más egoísta pretenden, a través de los mercados de capitales, imponer el darwinismo social más acentuado y ahogan los márgenes de maniobra de las políticas monetarias, presupuestarias y fiscales de los gobiernos.

Las crudas realidades de la crisis han puesto de manifiesto disfunciones en el sistema político e institucional y desde la radicalización de los principios democráticos se reclaman nuevos canales de deliberación/participación, nuevas ideas y renovados protagonismos de los partidos políticos, agentes sociales y organizaciones de la sociedad civil en interacción con la ciudadanía.

Los gobiernos democráticos en sus respectivos ámbitos no deben precipitar decisiones que afectan a la mayoría de la población sin haber estudiado previamente todas las posibles opciones, informado con transparencia y facilitado que la ciudadanía debidamente informada participe (mediante referéndum inequívocamente planteado y debidamente informado, en parlamentos, en plenos municipales, etc.) en la decisión del plan de acción que estime más pertinente. Los gobiernos en su caso deben incentivar y acoger con el máximo interés y apoyo institucional las leyes y/o propuestas surgidas por iniciativa popular.

La segundad mitad del siglo XX y el siglo XXI han aportado algo fundamental al ciudadano, la posibilidad no solo de acceso directo e instantáneo a la información, sino la posibilidad de crearla, comentarla e intercambiarla. La información durante siglos ha sido una fuente reservada de poder, guardada, manipulada y empleada por unas capas privilegiadas para mantener su dominio. Actualmente somos capaces de informarnos, analizar, comparar puntos de vista y criterios, opinar y exigir. Hoy resulta más difícil manipular y engañar. Esto nos permite ser más libres, más exigentes, más responsables y más solidarios.

Siendo uno de los valores de la izquierda el respeto a la persona hemos de ser pioneros en transparencia, en comunicación veraz y sólida, en crear núcleos de exigencia, de participación y decisión que respeten la dignidad y las aspiraciones de las personas. Se ha acabado la era de las medias palabras, del disimulo, del ocultismo, el ciudadano pide claridad, sinceridad, transparencia y honestidad.

PROPUESTAS:

  • Reforma de la Ley electoral para una representación más proporcional de la ciudadanía. Entre otras consideraciones, habría que interpretar el artículo 6 de la Constitución para introducir la obligatoriedad de aumentar la democracia interna de todos los partidos políticos mediante la celebración de elecciones primarias. También por Ley establecer los derechos y obligaciones de los electores y de los representantes elegidos.
  • Realizar elecciones municipales mediante listas abiertas por distritos (un concejal por distrito) y elección directa del Alcalde por los ciudadanos.
  • Defensa y ampliación de los derechos civiles recogidos en nuestra Constitución, facilitando la cercanía de los ciudadanos a la acción política institucional, creando nuevos cauces de participación democrática y control del ejercicio del poder político.
  • Mejora de las regulaciones y sistemas de controles públicos con el necesario reforzamiento y ampliación de las políticas estatales de evaluación, control y modernización administrativa.
  • Revisar el actual sistema de acceso, permanencia y control en la Función Pública, para hacerla más eficaz, participativa y democrática.
  • Participación en la ejecución de decisiones tomando como referencia el principio de subsidiariedad y mediante la desconcentración y descentralización de la gestión política y administrativa, facilitando la accesibilidad y en consecuencia la participación activa de la ciudadanía a la vez que se fomentan las capacidades de organización de la sociedad civil.
  • Tolerancia cero con la corrupción política, reforzando las medidas administrativas y penales contra este grave problema. Esto implica adoptar nuevas medidas legales contra el transfuguismo político, ampliando los supuestos que integran ese concepto político y sus medidas coercitivas.
  • Transparencia y adecuación de las retribuciones de los representantes públicos y cargos de la administración, de forma que su regulación no sea diferente de la del resto de los ciudadanos.
  • Potenciación de mecanismos de transparencia de las instituciones y de rendición de cuentas de los representantes públicos. Las personas que ostenten una representación pública han de hacer conocer su situación patrimonial a la ciudadanía.
  • Los políticos judicialmente condenados no deben poder representar nunca más a la ciudadanía, al igual que los políticos judicialmente imputados deben retirarse de su función pública hasta que se resuelva el procedimiento.
  • Referéndum Revocatorio- Moción de Censura Popular    de todos los cargos institucionales a partir de mitad mandato como instrumento de participación y poder popular, reafirmando así el principio fundamental de soberanía popular.

Madrid, septiembre 2011

 

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