A QUIEN SE ESTÁ REGALANDO LA SANIDAD PÚBLICA ESPAÑOLA

SOBRE LA PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD PUBLICA,  ¿QUIEN ES LA EMPRESA CAPIO?

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¿QUIÉN ES VÍCTOR MADERA?

 

Víctor Madera es el presidente del consejo de administración de Capio Sanidad SL, consejero delegado y accionista del entramado Capio en el Estado español. Responsable, cabeza visible y ejecutor de la política privatizadora de la sanidad pública.

 

De origen asturiano, tiene 51 años. Vive entre Madrid y Londres, donde actualmente tiene fijado su domicilio fiscal, lo cual resulta curioso, pues el pago de impuestos allí es mucho menor con respecto a lo que tendría que pagar si su domicilio fiscal radicara en Madrid.

 

Su patrimonio ha disfrutado de un vertiginoso aumento al amparo del entramado Capio y de fuertes operaciones especulativas por las que ha ganado millones de euros. Las remuneraciones que percibe como consejero del entramado Capio superarían escandalosamente el salario del presidente del gobierno.

 

A través de un entramado de sociedades es propietario de numerosos inmuebles destinados a la especulación. La mayoría de ellos son antiguos palacios declarados bienes de interés cultural de gran valor histórico en Asturias. El hecho de que su socio Celso González haya comprado recientemente la cadena hotelera Grupo Playa Sol (intervenida tras la detención hace meses de su propietario Fernando Ferré) sumado al hecho de que los palacios permanezcan cerrados y sin actividad alguna podría sugerir la posibilidad de que Víctor Madera, a través de la empresa Paisajes de Asturias SL, pretenda destinar los mismos al negocio hotelero. A continuación se muestran algunas de sus propiedades inmobiliarias:

  • Palacio Villa Excelsior (Luarca)
  • Palacio Torres de Donlebún (Barres)
  • Palacio de Trenor (Figueras)
  • Palacio Torres de los Morenos (Ribadeo)
  • Marques de Santa Cruz (Oviedo)
  • Palacio de los Duques de Estrada (Llanes)
  • Finca de más de 200.000m² (Formentera)
  • Casa de campo en Fresnedillas de la Oliva (Madrid)
  • C/ Valenzuela, (Madrid): en el mismo edificio posee 3 apartamentos de grandes dimensiones
  • Urbanización Calo Del Real. Sant Josep de Sa Talaia (Islas Baleares): mansión de lujo en primera linea de playa.

 

Víctor Madera no solo forma parte del entramado de Capio sino que es propietario o participa en el consejo de administración en calidad de presidente de numerosas empresas. A continuación se muestran una lista de sociedades en las que participa a título particular:

 

  • PAISAJES DE ASTURIAS empresa dedicada a la compra de palacios de gran valor histórico y cultural en Asturias.
  • INABOL AHORRO SL. Compra, venta, suscripción, tenencia, gestión y administración de acciones, participaciones o valores, por cuenta propia.
  • GLOBAL HATTINA SL. Asesoramiento en materia económica, contable y financiera. Así como a participación en proyectos industriales y comerciales mediante la suscripción de acciones y participaciones de sociedades mercantiles.
  • COMPAÑIA ALGARVE 2005 SA. Dedicada a la compra, construcción, promoción, venta, cesión, arrendamiento, administración y cualquier otra forma de explotación de toda clase de bienes inmuebles.
  • INICIATIVAS DE ASESORAMIENTO MEG SL. Adquisición, transmisión y enajenación de toda clase de acciones, bienes, obligaciones, participaciones y derechos con exclusión de las actividades reguladas en la ley del mercado de valores
  • CONDOMINIO ONCE DE NOVIEMBRE S XXI SL. Realización de todo tipo de actividades de instalación eléctrica, fontanería, agua caliente, calefacción y aire acondicionado, incluidas en las mismas la redacción de proyectos, ejecución material de obra y expedición de certificaciones. Ha llevado a cabo obras en hospitales y centros sanitarios.
  • AULAMUNDI SL. Conformar o ser parte de instituciones de educación en las que se impartan todas o algunas de las enseñanzas y niveles permitidos en la legislación del país en que radiquen.
  • GAMBIOA 2000,SL cuyo objeto social es la adquisición, construcción, ejecución, promoción, traspaso, cesión, restauración, reparación y explotación de toda clase de bienes muebles e inmuebles o servicios urbanísticos.

 

Como presidente de Capio en el Estado español su nombre aparece en las empresas que Capio ha creado o comprado para poder explotar el ámbito sanitario:

 

Además, Víctor Madera ha formado parte de las siguientes empresas, en las que ya no participa en su órgano de dirección o bien lo hace en la sombra:

 

La empresa en la que participa Víctor Madera, Iniciativas de Asesoramiento MEG, tiene acciones en la empresa Investment Circle Germany-Spain S.A. El accionista mayoritario de esta empresa es Partner SL propiedad de Amancio Ortega. ¿Algunas de la anteriores empresas tiene vinculación con las Islas Caimán? De ser así exigimos explicaciones de los motivos que puede llevar al futuro responsable de la gestión de la sanidad pública a relacionarse con dicho paraíso fiscal.

Conociendo quién es Víctor Madera y sus intereses en la sanidad pública conviene saber cómo funciona Capio y los riesgos que conlleva su futura gestión de hospitales y centros de salud. A continuación se muestra un breve resumen de sus papel en la actualidad.

 

¿Quién es Capio?

 

Capio es una empresa de capital riesgo dedicada a la especulación, radicada en las Islas Caimán. Capio ya es propietaria de parte de la sanidad pública española mediante la gestión y explotación de hospitales, centros de especialidades y centros de salud obteniendo enormes beneficios a costa de disminuir la calidad del servicio público, convirtiendo la salud en un negocio. Recientemente Capio España ha cambiado su nombre por IDC (Ibérica de Diagnóstico y Cirugía)

 

En el año 2011 Capio facturó algo más de 673 millones de euros. En torno al 75% de esa cifra salió de las arcas públicas. Más de 500 millones procedentes de conciertos, concesiones y convenios con las administraciones.

 

La opacidad de este grupo empresarial impide conocer quiénes son sus accionistas reales. A través de un entramado de 5 empresas llamadas CVC european equity Partners, con sede en el paraíso fiscal las Islas Caimán es propietarias de HCL Holdings Sàrl. A su vez ostenta el 100% del capital social de HCI SA y esta es propietaria de HC Investment Sàrl y HC Investment BV todas ellas con sede en otro paraíso fiscal, Luxemburgo. Esta última es la única accionista de Capio sanidad Holding SL que a través de Desarrollos empresariales Piera SL posee las 10 empresas que explotan los servicios sanitarios públicos construidos con el dinero de la ciudadanía.

 

El objetivo de las empresas de capital riesgo es obtener el máximo beneficio de sus inversiones en el menor tiempo posible. Es inaceptable que la gestión de la salud pública caiga en manos de especuladores ajenos a las necesidades sanitarias de la población. Este entramado de empresas no sólo especula con la sanidad, sino que participa en negocios inmobiliarios, inversiones especulativas, infraestructuras, telecomunicaciones, industria farmacéutica y todo aquello que pueda ofrecer sumas millonarias en poco tiempo.

 

En la actualidad Capio gestiona además de numerosos centros de especialidades, los siguientes hospitales:

  • Hospital de Valdemoro
  • Hospital Puerta de Hierro

 

Uno de los mayores escándalos en cuanto a relación público-privado se refiere, es el Hospital de Villalba. Este centro construido por la administración pública permanece cerrado, y sin embargo Capio recibe mensualmente de la Comunidad de Madrid 900.000 euros para unos gastos no justificados. Para su explotación se formó una sociedad snónima constituida por Ibérica de Diagnóstico y Cirugía, Hospital Sur S.L., F.Fortwart y Ghesa Ingenieria y Tecnología S.A. Estas dos últimas no están en absoluto relacionadas con la actividad sanitaria, de hecho F.Fortwart es un pequeño estudio de arquitectos que trabaja habitualmente con Víctor Madera y Ghesa Ingenieria y Tecnología S.A. se dedican entre otras actividades a la energía nuclear.

 

Capio no ha estado exenta de polémica en los centro públicos que ya gestiona. Personal sanitario ha denunciado presiones para derivar pacientes graves que requieren una atención por la que obtendrían menores beneficios económicos a hospitales de exclusiva gestión pública así como derivar la realización de pruebas diagnósticas a centros privados. Numerosas pacientes han constatado chantajes para someterse a operaciones leves en centros concertados con la excusa de disminuir la lista de espera.

 

Además, Capio ha mostrado reiteradamente interés en la compra de su máximo competidor Ribera Salud. Si esta compra llega a consumarse ostentaría el monopolio de la privatización de la sanidad en todo el Estado.

 

No queremos amenazar ni coaccionar pero consideramos legítimo informar a la ciudadanía, en un ejercicio de nuestro derecho fundamental a la libertad de expresión (recogido en el artículo 20 de la Constitución Española), del deterioro evidente que las políticas de privatización suponen sobre el acceso a una sanidad pública, gratuita y universal, derecho humano recogido en el artículo 25 de la Carta de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

 

Por ello queremos señalar y poner cara tanto a aquellos que aprueban la legislación que permite la entrada de empresas en la sanidad (que comienza con la aprobación de la Ley 15/97 gracias a los votos a favor de PP, PSOE, CiU, PNV y CC) como a aquellos que pretenden lucrarse a costa de la salud y los impuestos de todos. Informaremos, por tanto, a nuestros conciudadanos de quiénes son los responsables de esta política privatizadora, por la cual unos pocos se lucran ilegítimamente a costa de menoscabar los derechos humanos, en cualquier espacio público en el que hagan acto de presencia, véase cuando los gerentes lleguen a los centros de salud u hospitales que traten de privatizar.

 

El permitir que Capio continúe recibiendo concesiones por parte de nuestra Administración es inadmisible. La manifiesta opacidad de la empresa y de sus responsables, la experiencia acumulada en los hospitales que llevan años siendo de gestión privada aun financiándose con dinero público, así como toda la información que ha sido posible obtener en este informe nos muestra que el único objetivo de la privatización y la entrada de Capio en la sanidad es la especulación con nuestra salud.

 

Llevamos meses oyendo hablar del gasto que supone sostener nuestro sistema sanitario, cuando la salud es una de las mayores inversiones sociales que tenemos. Ninguna empresa como Capio va a tener interés en gestionar un servicio que no le reporte beneficios económicos, y este simple hecho nos muestra las verdaderas intenciones que hay tras su interés por la sanidad madrileña.

 

Y aun entrando en el discurso del gasto y del ahorro, no existe informe alguno que acredite que la gestión privada sea más barata. De hecho los estudios que sí se han hecho comparando sistemas de gestión pública y sistemas de gestión privada han demostrado que la privatización encarece los servicios prestados y reduce la calidad de las prestaciones; ya que el fin último es el beneficio económico y no el beneficio social.

 

Es intolerable que los rendimientos económicos primen por encima de la salud y la vida de las personas. La salud es un derecho fundamental, y es por esto que no permitiremos la privatización de uno de los sistemas sanitarios que sirve de referente para muchos países del mundo.

 

Profesionales de la sanidad y pacientes nos unimos para hacer pública esta información.

 ¡La sanidad no se vende, se defiende!

LA SEÑORA COSPEDAL, EL NAZISMO Y LA DEMOCRACIA EN ESPAÑA

LA SRA. COSPEDAL, EL NAZISMO Y LA DEMOCRACIA EN ESPAÑA

Vicenç Navarro

Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra

18 de abril de 2013

La Secretaria General del Partido Popular, el partido gobernante en España, la Sra. María Dolores de Cospedal, ha acusado nada menos que de ser nazis a las personas que protestan por los desahucios manifestándose frente a los domicilios de las autoridades del partido político responsable del veto de las Cortes Españolas a las medidas propuestas por el movimiento social más popular hoy existente en España, la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca). Lo que es preocupante y alarmante es que tal autoridad haya basado dicha grave acusación (en realidad, insulto) en que –según ella- estos manifestantes “no aceptan el voto”, es decir, que no respetan la mayoría parlamentaria, mayoría que –según ella- es resultado del mandato popular expresado por las urnas. Éstas, es decir, los votos, asignan al gobierno las responsabilidades de tomar decisiones, sean éstas las que sean, que deben acatarse por parte de la población, independientemente de que se esté en desacuerdo con ellas.

Tal interpretación de lo que es democracia, por una personalidad del nivel de la Sra. Cospedal, es alarmante. Y puesto que estainterpretación está ampliamente extendida en España, merece una respuesta. Esta percepción tan generalizada de lo que es democracia suele presentarse en un argumentario más elaborado, indicando que la democracia es un sistema de leyes que deben obedecerse, y por lo tanto, todo comportamiento que no siga tales leyes es considerado antidemocrático. Esto es lo que en realidad está diciendo la Sra. Cospedal, en un estilo y narrativa mucho más vulgar y directo, llamando nada menos que nazis a aquellos que protestan por la aplicación de las leyes, a pesar de que son manifestaciones no violentas que denuncian a los gobernantes que aplican tales leyes, estén éstos donde estén.

Lo que tal argumento deliberadamente olvida es que la soberanía popular procede de la ciudadanía, y que la expresión de tal soberanía ocurre a través de las instituciones llamadas representativas que en España están extremadamente limitadas debido al enorme dominio que las fuerzas ultraconservadoras, herederas de la dictadura, tuvieron sobre el proceso de Transición, al cual se le define erróneamente como modélico. El enorme desequilibrio de fuerzas entre los herederos de los vencedores y los herederos de los vencidos de la Guerra Civil en el proceso de Transición dio lugar a un proceso muy sesgado, con unas instituciones representativas muy poco democráticas. Y lo que está ocurriendo, reflejado en las declaraciones de la Sra. Cospedal, es un claro ejemplo de ello. Veamos los datos.

Dentro de esta democracia sumamente limitada, sólo el 28% de la población adulta que podía votar, votó al Partido Popular, lo cual no fue obstáculo para que tal minoría alcanzara una enorme mayoría parlamentaria, mayoría totalmente desproporcionada en su tamaño y que no se correspondía con el voto real. En realidad, la gran mayoría (72%) de la población que podía votar, no votó al PP. La mayoría en las Cortes no representa, pues, a la mayoría de la población. Si el sistema hubiera sido proporcional, tal partido no hubiera estado en mayoría. Está claro, pues, que el PP se benefició de unas leyes electorales que le favorecían, pero que no respondían numéricamente a un mandato mayoritario.

Pero la cosa es incluso peor, pues la elección de la minoría que votó al PP (28%) se basó en un programa electoral que el PP se comprometía a realizar, en caso de ser elegido, cosa que no ha hecho. Promesa electoral tras promesa electoral ha sido desatendida. La evidencia de ello es abrumadora. Como también es abrumadora que la élite dirigente del PP sabía que no la cumpliría, mintiendo a la ciudadanía. La rapidez con la que actuó, ignorando sus promesas, era el mejor indicador que sus acciones reales (muchas de ellas opuestas a su programa electoral) estaban ya programadas en la época pre-electoral.

Es obvio, pues, que gran número de políticas que el gobierno PP está realizando (desde las políticas de recortes de gasto público social, que contrastan con el gran apoyo a la banca, hasta el veto a la propuesta altamente popular de la PAH) carecen de mandato popular, entendiendo como tal el deseo por parte de la mayoría de la población de que las políticas que el gobierno aplique son las deseadas por tal población. Incluso entre sus votantes, la mayoría no eligió al PP para que llevara a cabo políticas opuestas a las que prometió durante el periodo electoral. Y la impopularidad de tales políticas, incluso entre sus votantes, es la mejor prueba de ello. Pero lo que la Sra. Cospedal ignora es que tales políticas que el gobierno PP está implementando, contrarias al deseo de la mayoría, no sólo son altamente impopulares, sino que deslegitiman al gobierno y a la democracia, pues lo que el gobierno está haciendo no es llevar a cabo las políticas expresadas por la mayoría de la población, sino que las está imponiendo en ausencia de un mandato popular. La respuesta de la ciudadanía ante esta situación es la protesta pública en defensa de la democracia mediante cualquier medio (utilizando medios no violentos) pues está intentando salvar la democracia en España frente a una violencia legal que es inasumible. El echar a una familia a la calle, sin techo, es enormemente violento y toca las dimensiones más íntimas de la persona. Cuando, además, estas políticas, aún siendo legales, no son legítimas –al carecer de mandato popular- es injusto y traduce una prepotencia y arrogancia exigir que los responsables de tal situación tengan un trato distinto, que definen como civilizado, opuesto al incivilizado que están imponiendo.

La respuesta de las fuerzas conservadoras (incluidas las de algunas voces de las izquierdas ex gobernantes) es que la manera de responder democráticamente es esperar al voto hasta dentro de cuatro años, en un sistema que tampoco refleja el deseo popular. Ahí está el triunfo de las fuerzas conservadoras, escrito en piedra en sus leyes y en la Carta Magna, la Constitución. La continua defensa de la Constitución como intento de legitimar toda una serie de políticas sin mandato popular es parte de la defensa de los intereses de aquellos que dominaron el proceso de Transición, que eran, a su vez, los herederos de los que ganaron la Guerra Civil. A la Sra. Cospedal parece escapársele la incoherencia de acusar a sus adversarios de nazismo, cuando ella está donde está, repito, como consecuencia de la historia de este país en los últimos setenta y cinco años, donde el enorme poder de las fuerzas ultraconservadoras, incluyendo su partido político, sobre los aparatos del Estado ha determinado la configuración de las instituciones políticas, siendo el punto de origen de su poder el golpe militar del General Franco apoyado precisamente por el nazismo alemán y el fascismo italiano, apoyo sin el cual la democracia no hubiera sido derrotada en España.

Si España tuviera un Estado auténticamente democrático, además de tener leyes electorales más representativas, habría referéndums decisorios, que podrían debatirse (en unos medios más plurales que los que hoy existen en España), siendo tal debate las bases para la decisión popular. Y no hay duda, según los resultados de las encuestas, de que las políticas decididas por referéndums (incluidas las propuestas del PAH) serían mucho más mayoritarias que las decididas por las Cortes, mostrando que las Cortes Españolas hoy, en su mayoría, no representan a la mayoría de la población española, elecciones[1]incluido, por cierto, el votante y ex votante del PP.

IZQUIERDA SOCIALISTA – PSOE

Posiciones de la Asamblea Federal de IS celebrada en Madrid en septiembre de 2011

HACIA LA III REPÚBLICA FEDERAL, LAICA Y PARTICIPATIVA

Los y las socialistas debemos encabezar la lucha por recuperar la forma republicana de Estado. Hemos de considerar que los conceptos, Estado Federal y República, forman parte del genoma político del socialismo en España.

Hoy, tras 33 años de la aprobación de la actual Constitución española, ha llegado el momento de revisarla en profundidad para liberarla de las limitaciones y tutelas que en aquel contexto de la transición se impusieron por parte de los poderes fácticos existentes, en un marco de cesión obligada de legitimidades. Ha llegado el momento de que el mando supremo de las fuerzas armadas españolas deje de estar en manos del Rey para pasar al Presidente de la República democráticamente elegido.

La configuración de un Estado Español republicano, federal y laico vuelve a estar en la vanguardia de las reivindicaciones de la ciudadanía. El Partido Socialista debe recuperar su naturaleza de partido republicano, pues sin la premisa de la elección libre y democrática de todos y cada uno de los cargos representativos del Estado, además de contradecir nuestro ideal de igualdad, nunca podrá desarrollarse plenamente el sistema democrático, y por tanto, quedará incompleta la soberanía popular.

Por ello, el Partido Socialista Obrero Español debe colaborar con los partidos políticos de izquierdas y con las asociaciones y plataformas que buscan dichos objetivos, en especial con la Plataforma 14 de abril que agrupa a la inmensa mayoría de este tipo de organizaciones a nivel estatal,  para unificar los esfuerzos en pro de la consecución de la III República.

PROPUESTAS:

•Recuperar los principios republicanos en los Estatutos del PSOE. El Partido debe restablecer en sus Estatutos la defensa de la República como forma de Estado, y como horizonte histórico hacia el que avanzar, desde la evolución y reformas democráticas necesarias del Estado actual.

•Impulsar la recuperación del significado de la II Republica, su memoria y conmemoración, tanto con la colaboración con partidos de izquierda y asociaciones y plataformas como la Plataforma 14 de abril, así como con iniciativas propias.

•Integración de los municipios gobernados por el PSOE en la red de municipios por la III República.

•Aplicar la Ley de Memoria Histórica en todos los ámbitos, incluido el de su reforma si procede. La memoria y la dignidad de las víctimas del franquismo han de ser plenamente salvaguardada por la democracia española. La apología del franquismo ha de ser considerada un delito homologable al de terrorismo.

•Apoyar la convocatoria de un referéndum para decidir entre monarquía y republica. La plena ciudadanía española exige aplicar el derecho a decidir la forma de Estado bajo el que queremos vivir. El déficit democrático que se arrastra desde los años setenta en los que no se convocó ese necesario referéndum ha de ser superado en la actualidad.

2.- Un Estado Federal

Tras el proceso de recentralización que está realizando actualmente el gobierno conservador que nos está devolviendo poco a poco al modelo centralista de la etapa franquista, hay que mostrar en los hechos que la Nación de Naciones que es España puede aunar la diversidad y la cohesión, la unidad y la pluralidad, la especificidad y la solidaridad.

Hay que recuperar y actualizar la tradición federal del socialismo para aunar el respeto a la diversidad cultural y al autogobierno con la solidaridad interterritorial.

En la España federal a la que aspiramos el modelo territorial se articulará en tres niveles de gobierno. A saber:

•nivel estatal: formado por el Gobierno de España y todas las entidades e instituciones que abarcan el conjunto del Estado. La Administración Periférica del estado debe ir desapareciendo paulatinamente y con plazos preestablecidos, dejando como única institución estatal con representación nacional/regional a la Delegación del Gobierno.

•nivel autonómico: integrado por los Estados Federales. Este nivel debe ser reformado para facilitar su encaje en una España Federal que reconozca y respete la realidad plurinacional y pluriregional de España.

•nivel local: formado por los municipios y todas las entidades e instituciones de articulación de los municipios. La futura reforma de la Ley de Bases de Régimen Local deberá contemplar el reforzamiento de la autonomía municipal.

La mejora de la estructura del estado en España y de la calidad democrática debe asentarse en los principios de simplicidad, sencillez, claridad, economía, eficiencia y compromiso. Defendemos un federalismo cooperativo y pluralista totalmente consonante con los principios y valores democráticos, capaz de dar cabida al reconocimiento de las diversas realidades nacionales, a la vez que asegura la cohesión del Estado y la solidaridad interterritorial para garantizar la igualdad de derechos de todos los ciudadanos de España.

Un Estado federal de este tipo permite mantener su unidad sin necesidad de imposiciones uniformizadoras, de la misma manera que garantiza el respeto a la diferencia sin riesgos de rupturas traumáticas. Esta España federal conformará una buena inserción del Estado y de sus Estados Federales en la Unión Europea, a la vez que dispondrá de recursos políticos idóneos para profundizar en el municipalismo.

PROPUESTAS:

  • Todas las entidades e instituciones públicas han de sustentarse en cuatro principios democráticos básicos: (1) flexibilidad organizativa: pudiendo adoptar la forma y el tamaño que mejor se ajuste al cumplimiento de sus fines; (2) transparencia informativa: publicación periódica de toda la información producida (balances, evaluaciones, salarios…); (3) democracia institucional: con la apertura de espacios para la participación de los actores relevantes del sector o área en el que esté incardinados; y (4) control permanente: con la acción decidida de los organismos contables y de evaluación para que puedan realizar controles de gestión o evaluaciones.
  • La consolidación del modelo federal reclama la reforma inmediata del Senado para ser la cámara parlamentaria de representación territorial. Para ello en las elecciones generales habría una única circunscripción electoral en la representación al Congreso de los Diputados, mientras que al Senado la circunscripción serían los Estados Federales.
  • Supresión de las Diputaciones provinciales mediante transferencia de sus competencias, recursos económicos y recursos humanos hacia los Estados Federales, los Ayuntamientos y las entidades intermunicipales donde las hubiere.
  • Incentivar la disminución del número de Ayuntamientos, mediante la agregación o concentración de varios, constituyendo nuevas entidades sostenibles capaces de proporcionar a los ciudadanos, servicios básicos de calidad, sin que ello merme la representación y pluralismo político esencial de los municipios.
  • Desarrollo de la autonomía municipal y mejora de su capacidad financiera.
  • Defensa de la dignidad y trabajo de los funcionarios y empleados públicos. Impulso de medidas para la mayor presencia y eficacia de las administraciones publicas por vía electrónica.

3. – Un Estado Laico

Las instituciones democráticas de una sociedad moderna no deben estar al servicio de ninguna confesión religiosa. El mundo de las creencias religiosas tiene sus propios ámbitos de expresión y articulación que no deben confundirse con los de la sociedad política democráticamente constituida. Las normas de una confesión religiosa sólo pueden obligar a sus miembros. Las normas del Estado democrático y de derecho obligan a todos. Por todo ello, el Partido Socialista Obrero Español,  debe abolir el concordato entre el Estado y la Iglesia como medio efectivo y real de la división entre Iglesia y Estado, cumpliendo así con el carácter laico que caracteriza a nuestra organización.

PROPUESTAS:

  • Abolición de los Acuerdos firmados por el Estado español con el Estado Vaticano el año 1978.
  • Aprobación y desarrollo de una Ley de Libertad de Conciencia que garantice el derecho fundamental a tener las creencias que se consideren oportunas, sean o no de orden religioso, sin discriminación alguna por ello y sin privilegios para ninguna persona o colectivo.
  • Reformar el Artículo 16 de la Constitución Española para evitar cualquier referencia expresa a una confesión determinada, recogiendo expresamente el derecho inalienable de todo ser humano a tener las creencias y convicciones que estime convenientes.

4.- Un Estado Participativo

Ampliar la democratización del sistema político y la participación de la ciudadanía

Hoy el concepto pleno de ciudadanía democrática integra un amplio conjunto de derechos universales, una dimensión ético-moral y humanitaria de responsabilidades individuales y compromisos colectivos y la identificación de las personas con los valores, derechos y libertades que fundamentan la igualdad real de los seres humanos, mejores formas de vida y más dignas, el auténtico bienestar y el progreso de la humanidad. Tal concepto y principios irrenunciables no pueden subordinarse a poderosos intereses particulares que, frente a la necesidad de reasignación de recursos para las políticas sociales, desde el individualismo posesivo más egoísta pretenden, a través de los mercados de capitales, imponer el darwinismo social más acentuado y ahogan los márgenes de maniobra de las políticas monetarias, presupuestarias y fiscales de los gobiernos.

Las crudas realidades de la crisis han puesto de manifiesto disfunciones en el sistema político e institucional y desde la radicalización de los principios democráticos se reclaman nuevos canales de deliberación/participación, nuevas ideas y renovados protagonismos de los partidos políticos, agentes sociales y organizaciones de la sociedad civil en interacción con la ciudadanía.

Los gobiernos democráticos en sus respectivos ámbitos no deben precipitar decisiones que afectan a la mayoría de la población sin haber estudiado previamente todas las posibles opciones, informado con transparencia y facilitado que la ciudadanía debidamente informada participe (mediante referéndum inequívocamente planteado y debidamente informado, en parlamentos, en plenos municipales, etc.) en la decisión del plan de acción que estime más pertinente. Los gobiernos en su caso deben incentivar y acoger con el máximo interés y apoyo institucional las leyes y/o propuestas surgidas por iniciativa popular.

La segundad mitad del siglo XX y el siglo XXI han aportado algo fundamental al ciudadano, la posibilidad no solo de acceso directo e instantáneo a la información, sino la posibilidad de crearla, comentarla e intercambiarla. La información durante siglos ha sido una fuente reservada de poder, guardada, manipulada y empleada por unas capas privilegiadas para mantener su dominio. Actualmente somos capaces de informarnos, analizar, comparar puntos de vista y criterios, opinar y exigir. Hoy resulta más difícil manipular y engañar. Esto nos permite ser más libres, más exigentes, más responsables y más solidarios.

Siendo uno de los valores de la izquierda el respeto a la persona hemos de ser pioneros en transparencia, en comunicación veraz y sólida, en crear núcleos de exigencia, de participación y decisión que respeten la dignidad y las aspiraciones de las personas. Se ha acabado la era de las medias palabras, del disimulo, del ocultismo, el ciudadano pide claridad, sinceridad, transparencia y honestidad.

PROPUESTAS:

  • Reforma de la Ley electoral para una representación más proporcional de la ciudadanía. Entre otras consideraciones, habría que interpretar el artículo 6 de la Constitución para introducir la obligatoriedad de aumentar la democracia interna de todos los partidos políticos mediante la celebración de elecciones primarias. También por Ley establecer los derechos y obligaciones de los electores y de los representantes elegidos.
  • Realizar elecciones municipales mediante listas abiertas por distritos (un concejal por distrito) y elección directa del Alcalde por los ciudadanos.
  • Defensa y ampliación de los derechos civiles recogidos en nuestra Constitución, facilitando la cercanía de los ciudadanos a la acción política institucional, creando nuevos cauces de participación democrática y control del ejercicio del poder político.
  • Mejora de las regulaciones y sistemas de controles públicos con el necesario reforzamiento y ampliación de las políticas estatales de evaluación, control y modernización administrativa.
  • Revisar el actual sistema de acceso, permanencia y control en la Función Pública, para hacerla más eficaz, participativa y democrática.
  • Participación en la ejecución de decisiones tomando como referencia el principio de subsidiariedad y mediante la desconcentración y descentralización de la gestión política y administrativa, facilitando la accesibilidad y en consecuencia la participación activa de la ciudadanía a la vez que se fomentan las capacidades de organización de la sociedad civil.
  • Tolerancia cero con la corrupción política, reforzando las medidas administrativas y penales contra este grave problema. Esto implica adoptar nuevas medidas legales contra el transfuguismo político, ampliando los supuestos que integran ese concepto político y sus medidas coercitivas.
  • Transparencia y adecuación de las retribuciones de los representantes públicos y cargos de la administración, de forma que su regulación no sea diferente de la del resto de los ciudadanos.
  • Potenciación de mecanismos de transparencia de las instituciones y de rendición de cuentas de los representantes públicos. Las personas que ostenten una representación pública han de hacer conocer su situación patrimonial a la ciudadanía.
  • Los políticos judicialmente condenados no deben poder representar nunca más a la ciudadanía, al igual que los políticos judicialmente imputados deben retirarse de su función pública hasta que se resuelva el procedimiento.
  • Referéndum Revocatorio- Moción de Censura Popular    de todos los cargos institucionales a partir de mitad mandato como instrumento de participación y poder popular, reafirmando así el principio fundamental de soberanía popular.

Madrid, septiembre 2011

 

LO QUE VENIMOS DICIENDO EN IZQUIERDA SOCIALISTA SOBRE LA ESPAÑA FEDERAL

POR UNA ESPAÑA FEDERAL

Vicent Garcés,   IS-PSPV-PSOE. Junio 2005

              El año 2001, en sus aportaciones para el debate ante el XXXV Congreso Federal del PSOE, Izquierda Socialista fijó la siguiente posición:

              Los socialistas hemos de rechazar el planteamiento simplista de que a cada Estado le corresponde una y sólo una nación y su reverso de que a cada nación tiene que corresponderle un Estado. Ambas formas de nacionalismo rechazan la realidad de España como nación de naciones. El nacionalismo centralista históricamente no ha comprendido el concepto de nacionalidad; de ahí su pretensión de reducir las distintas nacionalidades que conforman España a regiones en un intento de identificar ambas. Nosotros, en cambio, decimos que los términos nación y nacionalidad están estrechamente vinculados y por esta razón hablamos de España como nación de naciones.

              El nacionalismo identitario no quiere asumir que una nación pueda constituirse como tal sin la personalización del Estado. Una comunidad no tiene necesariamente que tener una organización política como el Estado, aunque sí puede dotarse de entes o centros de influencia política. Por tanto, no es necesario vincular la nación con el Estado sino que existen otras posibles formas de articulación.

              Los socialistas debemos pensar España como una nación fundada en el hecho no sólo del nacimiento y de la herencia sino también en el de la voluntad política y moral. España es para nosotros una permanente construcción política y ética. Debemos aspirar a cimentar España desde el concepto de ciudadanía como ámbito plural que exige la inclusión del otro.

              Defendemos la pluralidad y los hechos diferenciales como una    fuente de enriquecimiento social y cultural colectivo.

            Los socialistas asumimos el compromiso de profundizar el Título VIII de la Constitución para configurar un modelo de Estado de corte federal, abierto a Europa y que contemple el papel emergente de las regiones en el ámbito de la ciudadanía europea.

              El año 2003, ante el Plenario del XXXVI Congreso Federal, dijimos:

              Apoyamos una estructura federal para España. Hemos de mostrar que el Gobierno tripartito catalán y el gobierno de Madrid son capaces de articular los sentimientos nacionales de una forma distinta a la dialéctica de confrontación vigente.

              Hay que mostrar en los hechos que la Nación de Naciones que es España puede aunar la diversidad y la cohesión, la unidad y la pluralidad, la especificidad y la solidaridad. La rápida e imprescindible reforma del Senado, un nuevo acuerdo sobre la financiación autonómica y la reforma de los Estatutos de Autonomía constituyen un buen impulso para una    cohesión respetuosa de la diversidad estructural de España.

              Hay que recuperar y actualizar la tradición federal del socialismo para aunar el respeto a la diversidad cultural y al autogobierno con la solidaridad interterritorial.

              Desde sus inicios IS ha mostrado reiteradamente su apoyo a una articulación federal del Estado Español. Quedándose sola, en muchas ocasiones, defendiendo esa posición en el Comité Federal o en los Congresos del partido. En la Conferencia Política del PSOE celebrada en enero de 1996  ya defendimos la siguiente posición:

              “España estuvo anclada varios siglos en un centralismo en pugna con su realidad plural y multinacional. El Estado de las Autonomías supuso una fórmula nueva para abrir los cauces a un Estado Federal o, al menos, de corte federal. Un Estado que posibilite el dinamismo de las Comunidades Autónomas en una Europa en la que las regiones están llamadas a jugar un papel progresivamente más importante, y a contribuir a vertebrar como piezas de un mosaico, el equilibrio de sus respectivos estados.

              El desarrollo del Estado de las Autonomías ha generado tensiones, pero la idea de un mismo techo competencial, aunque con situaciones y ritmos  diferentes, ha arraigado en la mayor parte de los ciudadanos.

              La construcción del Estado de las Autonomías es un proceso abierto, susceptible de mejora y desarrollo durante  los próximos años.

           En las autonomías españolas se ha logrado un aumento relativamente importante de las competencias de gasto que han supuesto, poco a poco, la implicación de las regiones en la vertebración del Estado. Sin embargo, las competencias de gasto no se han visto correspondidas por cesiones de competencias de ingreso. Existe por lo tanto una seria descompensación entre las competencias de gasto de muchas autonomías y los ingresos para cubrir dichos gastos.

           Nos parecería más riguroso buscar fórmulas de autonomía financiera, de corresponsabilidad real, bien a través de impuestos autonómicos normalizados, o cualquier otra fórmula, que incentive la recaudación autonómica e implique a las comunidades autónomas en el capítulo de ingresos.

            Por otra parte, el papel reequilibrador de la administración central no debe ser en ningún caso descuidado. Por ello, el papel reequilibrador del Fondo de Compensación Territorial y de los Fondos Europeos ha de potenciarse sobremanera. Ha de llevarse a cabo una política regional estrechamente planificada por parte de la administración central que reequilibre los desajustes y diferencias de renta entre nuestras comunidades autónomas.

          Pensamos que tras diecisiete años de vigencia de la Constitución, el Estado de las Autonomías está consolidado, pero no han culminado sus objetivos. Precisamente por eso ha llegado el momento de afrontar nuevos retos y desafíos. Tal vez la piedra angular que debe dar equilibrio y consistencia a la profundización del Estado de la Autonomías, sea convertir al Senado -con la máxima celeridad- en una Cámara Territorial.”

              En 1993 opinábamos: 

              “Cada vez es mas evidente que España se orienta hacia la configuración de un Estado de corte federal en el marco de una Europa Unida. Estamos convencidos que este es el modelo que mejor puede garantizar la estabilidad de la nación española y los derechos de los distintos pueblos que en ella conviven, de acuerdo con las previsiones de la Constitución.

              Conviene avanzar de manera decidida en la transferencia de competencias y recursos del Estado hacia las CC.AA. También hay que articular políticas de racionalización del gasto público, de coordinación de actuaciones, de simplificación de ámbitos administrativos, y de supresión de figuras más bien caducas. Somos partidarios de la progresiva y modulada superación de las Diputaciones Provinciales por la vía de la dilución en las CC.AA. y los Municipios. Compartimos la idea de de la desaparición de los Gobiernos Civiles a favor de las Delegaciones de Gobierno y las CC.AA.

              Apoyamos la cesión del 15% del IRPF a las CC.AA. así como la preservación del principio de solidaridad entre ellas. Hay que impulsar un modelo de hacienda autonómico que ahonde en los principios de autonomía y suficiencia financiera de las CC.AA. y que avance en la corresponsabilidad fiscal y la solidaridad interregional.

              En síntesis, en la fase actual de desarrollo del Estado de las Autonomías hay que profundizar en el autogobierno y la descentralización, hay que facilitar la participación de las CC.AA. en la formación de la voluntad estatal, es necesaria una adaptación de las administración periférica del estado y hay que articular un mejor sistema de financiación autonómica.”

 Con todos estos antecedentes es lógico que IS, en unos tiempos políticos como los actuales en los que tanto el Partido, las CC.AA. y la sociedad en su conjunto se plantean un nuevo impulso autonómico siga manteniendo su apoyo a la construcción de una España federal, nación de naciones, en la que la diversidad  de pueblos que la componen se sientan plenamente actores de su propio y singular futuro así como del futuro común del conjunto del Estado y de la Unión Europea.

Por todo ello la reforma de los Estatutos de Autonomía y la nueva articulación del Estado ha de contemplar, al menos, los siguientes aspectos.

1.- Las CC.AA. forman parte de la España plural reconocida en la Constitución que ha de profundizar su carácter federal, plurinacional, pluricultural y plurilinguistico.

2.-  Incorporación de un Titulo relativo a libertades, derechos sociales y políticas publicas que consagre los logros que en este ámbito se han conquistado.

3.- Principios transversales que incorporen la mejora de la calidad de la democracia y los derechos a la participación ciudadana en la vida pública.

4.- Contribuir a la construcción de la ciudadanía europea mediante la participación en las instituciones del Estado y de la Unión europea.

5.- Profundizar el autogobierno agotando el techo de las competencias señaladas en la Constitución.

6.- Contemplar la acción exterior de las CC.AA. orientándola hacia la paz y la cooperación al desarrollo.

7.- Una más eficaz protección y garantía del medio ambiente, por el uso sostenible de los recursos naturales, por la defensa de la biodiversidad

8.-  Fortalecer la organización del poder judicial en las CC.AA. a través de los Tribunales Superiores de Justicia como última instancia de recurso.

9.- La autonomía y suficiencia financiera necesaria para el desarrollo  de las competencias autonómicas.

10.-  Responsabilidad fiscal. Autonomía de gestión para configurar un espacio fiscal propio, con materias y figuras tributarias propias con capacidad normativa, plena capacidad de gestión, liquidación, inspección, recaudación y revisión.

11.- La gestión tributaria podrá llevarse a cabo por una Agencia autonómica propia.

12.- La participación en los ingresos del estado deberá tener en cuenta  el de la población real. Las CC.AA. participaran en la planificación de las inversiones del estado en el territorio.

Vicent Garcés,   IS-PSPV-PSOE. Junio 2005

EL SOCIALISMO VALENCIANO PROPONE UN ESTADO SIN PROVINCIAS Y CON NACIONES

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La supresión de la provincia como estructura obligada en la articulación territorial del Estado -que conllevaría “la no necesaria existencia de la Diputación como institución de Gobierno”- y un “reconocimiento expreso de los hechos diferenciales y de la asimetría entre comunidades, ya sean estas reconocidas como naciones, nacionalidades o regiones”, son dos de las reformas de más calado que plantea el borrador de un documento en el que trabajan los socialistas valencianos para hacer su aportación al debate sobre el modelo federalista en el seno del PSOE.

 El documento, titulado Un federalismo integrador para la España del siglo XXI, apuesta decididamente por la reforma de la Constitución desde la legitimidad de una fuerza política que “ha propuesto y ha apoyado todos los grandes hitos en la construcción y el desarrollo del actual Estado Autonómico”. Concretamente, se pronuncia por la derogación del actual Título VIII de la Constitución y la aprobación de uno nuevo que incorpore el reconocimiento explícito de las actuales comunidades autónomas y de la autonomía local “como tercer pilar del Estado”, que clarifique el reparto competencial entre los distintos niveles de gobierno “evitando toda tentación centralizadora y dando pleno sentido al principio de subsidiariedad”. También aboga por la “constitucionalización” de los principios de un sistema de financiación basado en la autonomía fiscal y la corresponsabilidad.

 Elaborado a partir de reflexiones de especialistas del mundo universitario, no pretende ser “un informe de expertos para discutir sobre constitucionalismo”, advierte el secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, sino “una propuesta política” para la que estarían los socialistas valencianos particularmente legitimados, ya que pueden jugar “un papel de síntesis” entre posiciones como las que promueven los socialistas catalanes o la federación andaluza. En ese sentido, tras su aprobación por el Comité Nacional del PSPV-PSOE el próximo mes de marzo, la intención es llevar el documento al Consejo Territorial del PSOE de cara a la definición de la alternativa federalista del partido.

 Con la idea de “culminar la arquitectura institucional” del Estado autonómico, el borrador concreta el carácter integrador de la propuesta en los conceptos de “coordinación y cooperación”, el primero entendido como reconocimiento jurídico y formal de “la capacidad de propuesta y jerarquía entre niveles de gobierno” y el segundo como un ejercicio voluntario de las partes que se debe fomentar. El impulso de lo que denomina “un modelo de relación plural e integrada” entre las diversas comunidades autónomas implicaría reformar el Senado (para que fuera Cámara de primera lectura de las leyes con especial incidencia territorial), institucionalizar la Conferencia de Presidentes y reforzar la cooperación multilateral, potenciando las conferencias sectoriales, pero también “ampliar y desarrollar la cooperación bilateral” entre comunidades.

 “La propuesta de ampliación de la cooperación bilateral es consecuente con el reforzamiento de la cooperación multilateral, pues ambas son imprescindibles en nuestro modelo y se complementan entre sí”, explica el borrador del documento, que el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba tiene sobre su mesa. Ampliar la participación de las Administraciones territoriales en las decisiones que afecten a su ámbito competencial y adaptar las agencias públicas para convertirlas en “auténticas agencias integradas por todas las Administraciones que conforman el Estado” son ideas que se derivan de la constatación de que la cooperación entre comunidades autónomas es “uno de los déficit más destacados” del actual modelo autonómico. De ahí que se plantee “relanzar la cooperación horizontal” mediante mecanismos que faciliten “la formación de posiciones comunes en los asuntos que hayan de debatirse con el Estado”.

 “En general, la colaboración horizontal en España ha alcanzado cotas muy inferiores a las que se registran en países como Alemania, Austria, Canadá o Suiza”, señala el documento, que propone también reforzar la participación de las comunidades autónomas en el ámbito de la Unión Europea y su coordinación con el Estado en la acción exterior. Todo ese planteamiento persigue una dinámica institucional nueva, basada en el criterio del “gobierno compartido” para aplicar las grandes política públicas y situada en las antípodas de cualquier tentación recentralizadora. El documento se pronuncia, pues, por un Estado federal “en denominación y estructura”.

 “Necesitamos construir un escenario en el que los ciudadanos de los diferentes territorios puedan desarrollar sus sentimientos de pertenencia, sin incompatibilidades entre ellos”, apunta el texto en alusión implícita al proceso hacia la independencia emprendido en Cataluña. “La solución federal permite combinar soluciones de diferente intensidad nacional y de autogobierno sin romper la igualdad de derechos y la equidad de trato para los ciudadanos de los diferentes territorios”. Aunque también advierte: “En España cabe la solución federal, pero su aplicación requiere cambios profundos de nuestra cultura política, visión a largo plazo, abandono de prejuicios, generosidad y ambición democrática”.

 

COMUNICADO DE IZQUIERDA SOCIALISTA TRAS LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS EN GALCIA Y EUSKADI DEL PASADO 21 DE OCTUBRE 2012

IZQUIERDA SOCIALISTA-PSOE RECLAMA CAMBIOS

Tras la caída electoral en Galicia y Euskadi, Izquierda Socialista llama al partido a realizar una reflexión  en profundidad sobre los proyectos, las estrategias, los equipos y las personas porque el 38 Congreso Federal del PSOE, febrero 2012,  no resolvió todo lo que debía haber resuelto. El partido no logra que la ciudadanía le perciba como una alternativa consistente. Por ello, el PSOE tiene que acometer una reflexión en profundidad sobre su proyecto, estrategia, equipos y personas, y recuperar un perfil de izquierdas que la gente no acaba de ver.

El PSOE debe  tomar nota  del déficit con el que se presenta a la ciudadanía y definir un proyecto con el que lanzar mensajes  claros para que la sociedad vea en el partido de los socialistas  a una formación que sabe  a  dónde va y, de esa manera, recuperar  la confianza de los sectores populares que configuran su base social y electoral.

SI NO HAY ALTERNATIVA DE IZQUIERDA LA DERECHA AVANZA

La cuestión de la credibilidad, de la solvencia y de la capacidad de presentar alternativas es algo que nos afecta a todos y no es aplazable. Es urgente buscar ya un foro adecuado en el que trazar una trayectoria clara y resolver las cuestiones pendientes para la Conferencia Política, entre ellas el procedimiento de elección del secretario general o la celebración de primarias.

Se hace necesario conjugar el reconocimiento de la pluralidad interna con una capacidad de interlocución  suficiente para que la ciudadanía perciba un proyecto común y cohesionado. Cuando no se presentan alternativas de izquierda es la derecha la que sigue avanzando. Izquierda Socialista – PSOE se reafirma en sus posiciones, y en ese sentido llama a construir y defender una alternativa de izquierdas  para un estado federal, laico y republicano diferente al preconizado por las políticas de derecha del PP.

Se ha de reconocer que España es plural, que el mapa político de Galicia, Euskadi y Cataluña no es el mismo que el de otras Comunidades Autónomas, porque la realidad económica, social y cultural es diferente.  Allí no valen las recetas elaboradas desde una perspectiva centralista.

El PSOE sigue perdiendo votos, y cada vez de manera mas acelerada, hacia la abstención y hacia otras formulaciones de izquierda ahora mas
nítidamente diferenciadas de las posiciones de la derecha defendidas por el partido popular.

Los tiempos del bipartidismo han acabado. El PSOE ha de cultivar las alianzas entre las fuerzas de izquierda y progresistas. Esta suma es la
única que podrá desplazar a la derecha del gobierno de las instituciones públicas donde se ha instalado con la pretensión de quedarse. Hay que considerar que el PP es el partido único  de la derecha, de toda la derecha española, y que la actual Ley Electoral opera a su favor.

Es ineludible reforzar la democracia interna en el PSOE si se quiere ser creíbles por parte de la ciudadanía, al mismo tiempo que habrá que poner en marcha reformas electorales, jurídicas y constitucionales.  El refrendo ciudadano de medidas excepcionales en momentos concretos ha de ser un compromiso del PSOE en concordancia con nuestra tradición socialista y de participación ciudadana.

Además, el PSOE debe hacer un esfuerzo por encontrar aliados en Europa, el Mediterráneo y América Latina. Todas las izquierdas reales se necesitan
para poder enfrentar  y vencer democráticamente a las fuerzas hegemónicas del capital internacional que operan con absoluta libertad, desreguladas, llevando al mundo hacia el precipicio de los cuatro jinetes del apocalipsis.

A 10 AÑOS DEL DESASTRE DEL PRESTIGE

A 10 AÑOS DEL DESASTRE DEL PRESTIGE

 El juicio por el grave accidente marítimo del “Prestige”, del que se cumplirán el próximo sábado los 10 años, todavía no  ha comenzado.  Es increíble que todavía no se hayan dilucidado los errores de la política de lo que fue la mayor catástrofe ecológica, económica y social que ha sufrido Galicia. 

 La utilización ilegal de los buques monocascos, en el transporte del combustible procedente del petróleo, causa de la gran avería del Prestige, fue en realidad una mala gestión tanto del gobierno autónomo,  gallego como del central, que estaban en manos de Fraga y Aznar, respectivamente, el primero fallecido físicamente y el segundo políticamente, por el segundo desastre de la guerra de Irak, desatada por el sangriento “trio de las Azores”. 

Los mandamases del PP no han querido asumir ni los costes políticos ni los económicos que se derivan de esos hechos, que produjo una movilización histórica de la ciudadanía, como explicaremos más adelante.  Los ciudadanos de Galicia y del resto del Estado esperan que al menos, aun con retraso, sean dilucidadas las responsabilidades penales y que no se continúe tapando este horroroso y grave problema que representó un tremendo atentado ecológico que afectó a cientos de miles de familias. 

Desde el pueblo gallego y el español se exige a la Justicia que se reparen los daños que se produjeron desde el punto de vista ecológico, económico, social y en la propia dignidad de los ciudadanos, porque existen grabaciones recientes que aclaran que si las cosas se hubieran hecho de forma diferente,  como por ejemplo, aproximar el buque a un puerto cercano, en vez de querer ocultarlo en alta mar, la situación habría sido mucho más leve, pero esa es la manera mentirosa de actuar, por los gobiernos del PP,  en cada desastre que se origina, que siempre intentan salvar los intereses de los capitalistas anteponiéndolos a los derechos de los ciudadanos y a su a la seguridad, como estamos viendo también ahora con la política de salvamento de la banca y los ataques a los más necesitados, que como explicamos en su día, en el análisis de abajo, lo que está causando igualmente ahora  es un verdadero desastre social.
(…) ““Tanto este desastre, como el del Prestige, que comentaremos a continuación, ponen de manifiesto de forma clara y meridiana, los abusos o la complicidad que existe entre las grandes empresas y las instituciones estatales, dentro del sistema burgués de los capitales, cuyos gobiernos y la propia justicia, incluyendo todo el aparato legal, respaldan de una manera u otra al capitalista en todos los terrenos, también cuando se producen destrucciones del medio ambiente y no solamente cuando actúan en la explotación directa de la clase trabajadora.
Como la mayoría de los ciudadanos recordarán, el accidente del petrolero monocasco “Prestige”, resultó accidentado el 13-11-02, cuando transitaba con 77.000 toneladas de petróleo frente a la Costa de la Muerte, en Galicia. Tras varios días de maniobras y errores políticos, fue alejado de la costa y terminó hundido a unos 250 km de la misma.
En los momentos iniciales de la catástrofe, los responsables políticos del PP quisieron ocultar la verdadera situación. El Ministro Cañete, que se comportó de manera muy cínica, como en él es habitual, llegó a asegurar que todo estaba bajo control y que aquello era un simple vertido de poca importancia.  Otros altos cargos del PP echaban balones fuera y culpaban a Gibraltar de la hecatombe; El Presidente entonces de Galicia, Fraga Iribarne, que había pasado el fin de semana de cacería, no dio muestras de comparecencia hasta una semana después.  La ineptitud y al improvisación de los políticos del PP permitió que el fuel fuese llegando a las costas en oleadas sucesivas.  Si no llega a ser por la intervención espontánea de la población, los efectos de la catástrofe hubiesen  sido mil veces mayor.  De todas formas más de 60.000 toneladas de fuel destrozaron las costas no solo de Galicia, sino de Asturias, Cantabria, Euskadi y ramalazos de “chapapote” llegaron hasta Francia.   El problema seguía sin resolverse porque el barco hundido, (demostrado luego a causa de la incompetencia del gobierno del PP),  seguía amenazando con constantes fugas de “hilitos de plastilina”, como lo denominó  el señor Rajoy.
La falta total de barcos especializados en tareas de anticontaminación y remolque (pues no existía ninguno en todo el Estado, pese a ser un país eminentemente marítimo), produjo un enorme escándalo ante todos los países del mundo y ante los ciudadanos.  Máxime cuando, al hacer balance, nos encontramos que el 65 % de los  desastres marítimos ocurridos en Europa en los 30 últimos años, fueron frente al litoral de Galicia. Los derrames producidos suman 300.000 toneladas de crudo, casi igual como los vertidos en el resto de catástrofes en las costas europeas.
Tanto los efectos sociales como los económicos de la marea negra, fueron una catástrofe que produjo miles de puestos de trabajo perdidos en el sector pesquero y mariscadores que dependen del mar como forma de ganarse la vida.  La catástrofe pudo ser previsible, como se demuestran por los datos que aportamos:
a)    Una de las características fundamentales para la seguridad marítima en el transporte de mercancías es que los petroleros deben navegar dotados de “doble casco”, pero por ahorrarse dineros, solamente “uno de cada cinco” navegan cumpliendo estos requisitos.
b)    De los 7.030 petroleros que había en ese momento en el mundo circulando, la edad media era de 18 años (el Prestige tenía más de 20 años) y más de un 41 % navegaban con obsolescencia.
c)    Es una práctica generalizada de los armadores navegar utilizando banderas de conveniencia, que les permite ahorrar dinero, por la mayor relajación en las condiciones de seguridad de los barcos y mantienen condiciones laborales, a veces  esclavistas, para las tripulaciones.
d)    A mediados de los años 50 solamente un 2 % de los mercantes utilizaban banderas de conveniencias, sin embargo en los años 90 la cifra se había elevado ya a un 50 %, y de los 323 buques mercantes que había en esa época en el Estado español, solamente 18, es decir, un 5 %, estaban inscritos en el registro ordinario. (¿Un buque no inscrito es un buque Pirata?)
El desastre del Prestige provocó una marea negra que causó un daño incalculable, pero a su vez, también produjo una marea de cabreo e indignación que caló en lo más hondo del pueblo gallego, produciendo una enorme ola de solidaridad entre los pueblos, pues llegaron voluntarios de todo el mundo para ayudar desinteresadamente.
El enorme abismo que se abrió entre la mayoría de la población gallega y la Xunta de Fraga y Aznar, fue la característica más destacable en el aspecto social. Para los trabajadores, la imagen de los Gobiernos dirigidos por el PP quedaba asociada fuertemente a la desidia, la incompetencia, la censura y la manipulación a la vez que a la represión y al insulto a los pueblos que acudían solidariamente en ayuda de Galicia.
La muestra masiva de descontento  expresada en manifestaciones y movilizaciones fue  de carácter histórico y muy importante por su aspecto de rechazo a una cierta forma de hacer política, por parte del PP,  en contra de los intereses de los ciudadanos.
Ese desastre puso al descubierto el desprecio de la derecha hacia la población y su inutilidad para resolver problemas difíciles, pero asimismo, dejó al descubierto el papel real del Estado burgués y del sistema capitalista, que antepone los intereses privados a los públicos.  Los que hicieron frente a la marea negra desde el principio, en ausencia total de gobierno, fueron los propios marineros, las mariscadoras, y la población voluntaria, haciendo un trabajo colosal, totalmente solos, con sus propios medios, improvisando e inventando sobre la marcha artilugios para sacar el chapapote, demostrando su creatividad, su capacidad de sacrificio y el apoyo decisivo de miles de voluntarios, de entre los que destacaban los jóvenes, que con su esfuerzo,  audacia y arrojo paliaron en lo posible los nefastos efectos de ese enorme ataque a la naturaleza provocado por el ansia de lucro del capital y la negligencia del gobierno PP. 
Acudieron voluntarios de otras comunidades autónomas e incluso de otros países del mundo, pero nada de lo que ocurrió en el desastre del Prestige obedece a pura “casualidad”. Es falso que no fuese previsible, pues toda catástrofe de esa naturaleza tiene que ver con el negocio y el beneficio de los armadores y petroleras, como comentábamos, pues, la causa es la utilización de barcos chatarras flotantes,  en mal estado, cuando tenían que estar desguazados.  Es causa también de la privatización de los recursos públicos, pues la oleada de privatizaciones de los sectores claves de la economía, como las compañías de petróleo y todo el sector energético,  que deberían estar en manos del Estado por motivos de seguridad, han sido entregadas al sector privado, que no respeta ni la legislación vigente porque su objetivo es el lucro.
El capital privado lleva en la sangre la corrupción y el desprecio por los intereses de la población. Las empresas privadas hacen negocio hasta con las desgracias ajenas.  Todo eso es producto del propio sistema capitalista cuyo fin es el sacrosanto beneficio y que cada día provoca peores resultados para la humanidad. Esa catástrofe del Prestige puso sobre la mesa el enorme potencial de cambio social de las masas cuando éstas se ponen en acción y hacen trabajo social en común. Fue la actitud resuelta de miles de trabajadores y jóvenes, que de forma desinteresada y ante la “incomparecencia” del Estado burgués, ya que el Gobierno del PP  actuó tarde y mal,  el pueblo se enfrentó al chapapote con sus propias fuerzas, marcando el camino de que los trabajadores pueden trabajar sin patrón”. (…)
FUENTE:
Extracto del capítulo VIII de la revista Cambio Climático, editada por Izquierda Socialista que recoge las conclusiones del debate de la Conferencia celebrada en Torremolinos.

FALLECE LUIS GÓMEZ LLORENTE, IMPULSOR DE IZQUIERDA SOCIALISTA.

Se enfrentó a Felipe González en el XXVIII Congreso del PSOE, cuando éste abogó por la supresión del término marxista de la definición ideológica del partido.

José Miguel Blanco / EFE. Madrid05/10/2012.

En el epitafio de Luis Gómez Llorente seguro que no figurará una de las frases que forman parte de la historia del socialismo español y que marcó un antes y un después en el liderazgo de Felipe González: “Hay que ser socialistas antes que marxistas”. Gómez Llorente, fallecido a los 73 años, formó parte y fue uno de los cabecillas del grupo de dirigentes que se opusieron en el XXVIII Congreso del PSOE, en 1979, a que ese planteamiento de González se convirtiera en realidad.

Se opusieron con todas sus fuerzas y con propuestas que lograron inicialmente el aval de la mayoría del cónclave socialista para que el PSOE se mantuviera como un partido marxista de clase.Pero no fueron suficientes. El órdago del que pocos años antes había dejado de ser conocido comoIsidoro al presentar su dimisión como secretario general del PSOE, llevó a un partido descabezado durante unos meses y regido por una comisión gestora que convocó un Congreso extraordinario en el que González impuso sus tesis.

 Su carisma, quizás el temor a lo que podría ocurrir si otra persona pasaba a liderar el partido manteniendo el marxismo como seña de identidad, y las expectativas reales de llegar al poder si se centraba su discurso, fueron suficientes para que se quedaran por el camino las expectativas de Gómez Llorente y otros dirigentes como Enrique Tierno Galván, Francisco Bustelo o Pablo Castellano. En la candidatura alternativa a la de González, Gómez Llorente figuraba como aspirante a secretario general del PSOE, pero su lista sólo logró el respaldo del 6,9% de los delegados, mientras que la del que tres años después se convirtió en presidente del Gobierno obtuvo el 85,9%.

 Segoviano, con estudios de Derecho y licenciado en Filosofía y Letras, Gómez Llorente ingresó en el PSOE en 1958 y dedicó gran parte de su actividad a la enseñanza pública y la renovación del sistema educativo. Fue vicepresidente del Congreso en los inicios de la etapa democrática y su fracaso ante las tesis de González no le arredró para seguir siendo considerado en el partido como un pepito grillo.

 Es lo que le llevó a ser la cabeza visible de una corriente que aún pervive, Izquierda Socialista, y de la que fue dirigente hasta 1983 para permanecer después alejado de la política activa y sólo participar en algunas reuniones, debates, actos y conferencias.

Hoy, Gómez Llorente recibe el elogio de quienes, con Alfredo Pérez Rubalcaba a la cabeza, conforman una cúpula socialista a la que él no pudo escalar. Si hubiera triunfado en 1979, tal vez la historia del partido y de la Transición podría haber tenido un guión distinto.

BREVE BIOGRAFÍA DE LUIS GÓMEZ LLORENTE.  

 (Segovia, 29 de  Enero de 1939 – Madrid, 04 Octubre 2012).

Fue uno de los fundadores de la corriente de opinión Izquierda Socialista del PSOE.

Vinculado desde siempre al movimiento de profesores que formuló en su día la ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA DE ENSEÑANZA, contribuyó también en el diseño de las políticas de participación y gestión democrática que forman parte sustancial de la reforma educativa.

Fue el primer diputado por Asturias del PSOE en la democracia y vicepresidente del Congreso en las Cortes constituyentes entre 1977 y 1979. Se enfrentó a Felipe González en el XXXVIII Congreso (mayo 1978) en el que el PSOE renunció al marxismo y, antes del triunfo electoral de 1982, abandonó la actividad pública, volvió a sus clases  y optó por el silencio.

En los últimos años, desde la llegada de Zapatero a la secretaria general, Gómez Llorente se implicó en algunas actividades del partido y se convirtió en el principal teórico del laicismo dentro del PSOE. En materia educativa, su última contribución fue la asignatura Educación para la Ciudadanía  que tiene padre, aunque sea muy silencioso.

Actividad política en la clandestinidad.-

 Luis Gómez Llorente estudió en la antigua Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid, donde se licenció en la especialidad de Filosofía Pura. Cursó también estudios de Derecho. Fue durante esos años de formación cuando inició su actividad política en la Agrupación Socialista Universitaria, ingresando en 1958 en el Partido Socialista Obrero Español, en el que llegó a ser Secretario de Educación y Formación y miembro de la Comisión Ejecutiva Federal; así como en la UGT.

 Dedicado a la docencia, impartió clases de Filosofía, en la antigua Universidad Laboral de Alcalá de Henares, después Instituto de Bachillerato “Severo Ochoa” y en el Instituto de Educación Secundaria “Virgen de la Paloma” de Madrid. Como proyección de esta dedicación profesional, Gómez Llorente fue elegido en 1974 Vicedecano del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados, formando parte de la candidatura progresista, en una época histórica, la de los prolegómenos de la transición a la democracia en España, en que los Colegios profesionales desempeñaron un papel importante como instrumento y caja de resonancia de la lucha contra la Dictadura.

El XXVIII Congreso Federal del PSOE: nace Izquierda Socialista.-

 En las elecciones del 15 de junio de 1977 Luis Gómez Llorente fue elegido Diputado por Asturias. Elegido nuevamente Diputado en 1979, fue Vicepresidente Primero del Congreso de los Diputados durante la I Legislatura.

 Persona más inclinada hacia un trabajo interno y callado, el momento de mayor proyección pública de Gómez Llorente ocurrió en 1979 durante el XXVIII Congreso del PSOE, en el que, junto a Francisco Bustelo, Pablo Castellano y otros representantes del ala izquierda del partido, se opuso al pragmatismo socialdemócrata propugnado por Felipe González, encabezando lo que sería más adelante el núcleo alrededor del cual se formó la corriente Izquierda Socialista (IS).

 A su juicio, se estaba abdicando de las señas de identidad propias para acercarse a las preferencias de los segmentos electorales que permiten acceder a la mayoría; se centraba la acción política en el campo institucional abandonando la movilización social; y se concentraba todas las acciones del partido en la exaltación de un único líder que asumiera la imagen y la referencia de la organización.

Gómez Llorente estaba considerado como el primer ´teórico´ de Izquierda Socialista, y reivindicaba el modelo de partido y la estrategia política aprobado en el Congreso anterior de diciembre de 1976. En aquel Congreso se defendía un modelo inédito de socialismo, un socialismo autogestionario, que propiciase un bloque social de progreso con otras fuerzas de izquierda y que definiera una política exterior neutralista para España. Un proyecto que implicaba una labor pedagógica del partido, conectaba el legado marxista con una corriente libertaria que venía del mayo de 1968 y con las izquierdas no claudicantes mas modernas de Europa y otras partes del mundo.

 A su juicio, se estaba abdicando de las señas de identidad propias para acercarse a las preferencias de los segmentos electorales que permiten acceder a la mayoría; se centraba la acción política en el campo institucional abandonando la movilización social; y se concentraba todas las acciones del partido en la exaltación de un único líder que asumiera la imagen y la referencia de la organización.

 Tras la victoria del ala izquierda del PSOE en la ponencia política del XXVIII Congreso en mayo de 1979. la dificultad para formar en aquel Congreso una dirección política del PSOE con la misma orientación y, con el posterior regreso triunfal de Felipe González a la Secretaría General del PSOE en el Congreso Extraordinario de septiembre de 1979, Luis Gómez Llorente abandonó prácticamente la política activa, aunque mantuvo su escaño hasta 1982, renunciando a volver a presentarse en las elecciones generales de ese año, sin renunciar, sin embargo, a su afiliación al partido y a su militancia en Izquierda Socialista.

 Teórico del laicismo.-

Tras muchos años de relativo ostracismo, Luis Gómez Llorente volvió a un plano más visible de la labor pública a partir de 2004, multiplicando las conferencias y los artículos tanto en revistas educativas especializadas como en otras más generales de sociología y política, siempre en torno a la defensa de la enseñanza pública y el laicismo. (Véase infra a este respecto el apartado de enlaces externos).

 Obras.-

 Luis Gómez Llorente ha sido también un historiador del movimiento obrero y socialista. Aparte de obras en colaboración, sus principales aportaciones en este campo son Aproximación a la historia del socialismo español (hasta 1921) (EDICUSA, 1972), Rosa Luxemburgo y la socialdemocracia alemana (EDICUSA, 1975) y Apuntes sobre el movimiento obrero (UGT Confederal, 1992). Es también autor del libro Educación pública (Morata, 2000). Luis Gómez Llorente estaba preparando para el 10 de octubre, una presentación de Pablo Iglesias en el seminario organizado por el PSOE sobre “Grandes figuras del socialismo español vivencias y enseñanzas”..

Fuente:

 http://es.wikipedia.org/wiki/luis-Go%C%B3mez-Lorente.

 

OPINIÓN DE EUROPA LAICA SOBRE EL FALLO DEL SUPREMO

EL FALLO DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE LA NO FINANCIACIÓN PÚBLICA DE CENTROS DE ENSEÑANZA QUE SEGREGUEN POR RAZÓN DE SEXO, SIENDO UNA SALUDABLE NOTICIA, SIN EMBARGO PONE EN DESCUBIERTO MISERIAS POLÍTICAS…

ImageEl fallo del Supremo (TS) que exige que el Estado no financie a los centros de enseñanza católica que segregan por razón de sexo, es una saludable decisión del Tribunal, que contrasta con otras recientes sentencias de marcado acento confesional sobre la religión en las escuelas de titularidad pública y que deja al descubierto infinidad de miserias políticas, y, también, jurídicas: La cuestión -de fondo- es que por un lado, políticos meapilas y pacatos  y, por otro lado, políticos católicos integristas, que forman una amplia mayoría en el Parlamento y en los órganos de representación legislativa territorial, junto a sus diferentes organizaciones sociales y sindicales de “palmeros”, son los responsables de que una parte importante de enseñanza dogmática católica se financie con fondos públicos, ya sea mixta o separe por razón de sexo y a que se mantenga (y aumente) la enseñanza religiosa (con la consiguiente intención de evangelizar)  en todo el Sistema Educativo, ya sea de titularidad pública o privada (concertada o no).

El TS (quizá muy a su pesar) ha tenido que reconocer que el artículo 84.3 de la LOE expresa: “En ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Que es una copia prácticamente literal del artículo 14 de la Constitución, enmienda nº 1063 que fue incluida en la LOE (Vigente Ley Orgánica de Educación) a iniciativa (en su día) del grupo parlamentario de Izquierda Unida. Aunque luego pensamos que, erróneamente, dio su voto a la Ley, en la tramitación final.

Ley del PSOE de 2006, de tendencia confesional y, sobre todo, potencialmente privatizadora del Sistema Educativo, que ahora el PP ha propuesto modificar, una vez más, en algunos de sus apartados y utilizando como falsa excusa los recortes económicos, desea imprimir un fuerte acento ideológico nacional-católico y segregacionista por razones geográficas, raciales, económicas, de conciencia, sexistas y de capacidades psicofísicas y sociales. Es decir tratan de propiciar, a través de la Enseñanza, un modelo social de convivencia teocrático y con enormes desigualdades.

Mientras que algunas CCAA se escudan (con una clara intención de prevaricar) en sentencias contrarias de tribunales de justicia de sus territorios, para no cumplir dicha fallo del TS, diversos colectivos católicos han anunciado que van a recurrir al Constitucional, con la “intención” de “ganar tiempo” y, así, evitar que se cumpla el fallo. Y, mientras, el Ministro Wert que anda “enloquecido” como “elefante en cacharrería”, (alejado de toda prudencia) anuncia (a bombo y platillo) dicha modificación de la Ley y así dejar sin efecto el fallo del TS, sin reparar que el artículo 14 de la Constitución, ya exige la no discriminación (o separación por razones de sexo, entre otras).

Discriminación sexista (y otras discriminaciones) que se dan (en el currículo expreso, ya no digamos en el oculto) en todos los centros privados concertados católicos, aunque sean mixtos, junto a otros graves incumplimientos (entre ellos el de discriminación por razón de convicciones y creencias…),  que, sin  embargo, permiten de forma complaciente las Consejerías de Educación (de todo pelaje y color) y, por lo tanto, el problema de fondo es que el poder político mayoritario apoya la financiación de la enseñanza dogmática católica y, vergonzantemente, la incluye como parte del “servicio público” (108.4 de la LOE: “la prestación del servicio público de la educación se realizará, a través de los centros públicos y privados concertados”).

Viene al pelo de esta reflexión otra noticia que se está dando en paralelo: La dirección del mayor partido de la oposición, que exige el cumplimiento de este fallo del TS, en una especie de “delirium tremens político” o de “esperpento ideológico”, ha solicitado, formalmente, a la Conferencia Episcopal Española que intervenga y se sume a las “movilizaciones” en contra de la exclusión de la cobertura sanitaria a los inmigrantes sin papeles… El PSOE, autor de una ley de extranjería no muy “edificante”, deberían, en nuestra opinión, de dejar al clero católico en “su lugar” y dedicar todos sus esfuerzos a movilizar a la ciudadanía (haciendo pedagogía, sin complejos) y acudir al Constitucional, como se han comprometido, para evitar el “crimen político inhumano” de dejar a centenares de miles de inmigrantes sin acceso al servicio público de salud.

Por qué la socialdemocracia y los verdes en la UE están equivocados

 
Por qué la socialdemocracia y los verdes en la UE están equivocados

 

Alemania ocupa el centro de la economía de la Eurozona, y de ahí la importancia de lo que ocurre en aquel país. En varios artículos he mostrado como las políticas neoliberales promovidas en la Eurozona y en la Unión Europea por el gobierno de la canciller Angela Merkel están dañando considerablemente el bienestar y calidad de vida de las clases populares de la Eurozona (y muy en particular de sus países periféricos), incluyendo, por cierto, las clases populares de Alemania. La reducción de los déficits y de la deuda pública (para respetar el Pacto de Estabilidad que obliga a los Estados a tener un déficit público inferior a un 3% del PIB y una deuda pública por debajo del 60% del PIB) en momentos de recesión asume que ésta, la recesión, viene causada por no haber respetado tal Pacto de Estabilidad. Se asume en esta postura que los países en dificultades tienen un gasto público excesivo, cuando en realidad, los países que hoy se encuentran en una situación económica más vulnerable, como son los países periféricos de la Eurozona tienen un gasto público por habitante muy inferior al promedio de los países de la Eurozona. Todos estos países periféricos tienen un Estado pobre, financiado regresivamente, con escasa sensibilidad social y poco desarrollado (como lo muestra el bajo porcentaje de su población adulta que trabaja en los servicios públicos como sanidad, educación, servicios sociales, escuelas de infancia –mal llamadas guarderías- servicios domiciliarios a las personas con dependencias, y un largo etcétera).

Esta situación empeorará todavía más cuando la propuesta de Pacto Fiscal (que obliga a los Estados a tener un déficit público prácticamente cero) se apruebe por todos los Estados miembros de la Unión Europea, tal como está exigiendo el gobierno Merkel. El argumento que sustenta la necesidad de este Pacto es que los Estados de la Unión Europea –como ocurre con los Estados de EEUU-, deben tener una disciplina fiscal, que evite la europeización de la deuda de cada Estado (los famosos eurobonos), pues, de no ser así, los países considerados excesivamente laxos en sus políticas presupuestarias –como se asume son los países periféricos citados anteriormente- requerirían subsidios y ayudas constantes que tendrían que ser financiados por los países más disciplinados, como se asume es Alemania. En palabras del Ministro de Finanzas alemán Wolfgang Schäuble, la solidaridad –que él llama “extrema”- es ineficiente para todo el sistema.

A esta argumentación se añade otra que considera que tal austeridad fiscal –que exige el Pacto Fiscal- es necesaria para alcanzar lo que el gobierno Merkel llama la Europa política, es decir, el desarrollo de unas instituciones europeas que gobiernen la Eurozona y la Unión Europea. La unidad política –poco desarrollada en la UE- exige una política fiscal disciplinada que no permita “abusos” de solidaridad interestatal.

Este argumento se presenta en algunos círculos como un debate entre la idea federal, supuestamente (y erróneamente) atribuida al gobierno Merkel y un nacionalismo continuado, todavía existente en la postura francesa. Ello explica la situación paradójica de que algunos socialistas españoles han declarado su apoyo a las posturas del gobierno Merkel, de las que, por cierto, se están derivando políticas públicas que están dañando enormemente a las clases populares españolas.

Todos estos argumentos tienen errores conceptuales graves. En primer lugar, tanto el establishment financiero como el establishment exportador alemanes han sido los poderes fácticos dentro de la Eurozona que más se han beneficiado de la creación del euro y de la existencia de la enorme crisis de los países periféricos, incluyendo de la mal llamada “crisis de la deuda pública”. La gran banca alemana está experimentando enormes beneficios, aprovechándose del flujo de capitales de la periferia al centro. Y los bonos públicos del Estado alemán son hoy los más seguros en el mundo (como lo son los bonos públicos del Estado de EEUU). Por extraño que parezca, hoy los Estados periféricos están subsidiando al Estado alemán, no al revés, como el gobierno Merkel y los medios de comunicación y persuasión alemanes están acentuando. La imagen que tales medios alemanes están promoviendo es la de que el ciudadano alemán está subsidiando al trabajador sobreprotegido y vago griego (o español). Tal imagen no se corresponde con la realidad. El trabajador griego (y español) trabaja más horas que el trabajador alemán, y el sistema de protección social alemán está más desarrollado y mejor financiado que el sistema de protección social griego (y español).

El otro gran error en estos argumentos es ignorar o desconocer la historia de los Estados federales, incluyendo el de EEUU (al cual muchos federalistas europeos hacen referencia). Lo que el gobierno Merkel está proponiendo es semejante al establecimiento de unos EEUU en la UE, comenzando por el tejado en lugar de hacerlo por los cimientos. Exigir a los Estados un déficit cero sin que exista un gobierno federal con un Banco Central que proteja a los Estados frente a la especulación de los mercados financieros y sin un gobierno federal que ayude a los Estados distribuyendo recursos dentro del país, es condenar a los Estados a una situación imposible, como están viviendo ahora. Lo lógico y lo que la historia muestra es que la estructura federal se establece antes (los cimientos), y luego se exige la disciplina fiscal. Exigir lo contrario es imposibilitar que los Estados salgan de su crisis, beneficiando al centro a costa de la periferia, que es lo que está ocurriendo.

El apoyo de partidos socialdemócratas y verdes al Pacto Fiscal

Es sorprendente que los partidos socialdemócratas y los partidos verdes, tanto en Alemania como en otros países de la Eurozona, hayan aprobado el Pacto Fiscal y acepten llevar a cabo las instrucciones del Pacto de Estabilidad en momentos de crisis. Intentar paliar el impacto devastador del Pacto Fiscal y del Pacto de Estabilidad con un Pacto de Crecimiento es intentar ocultar este enorme daño. El Pacto de Crecimiento (que baraja unas cifras muy insuficientes, el 1% del PIB de la Eurozona) no compensará ni el Pacto Fiscal ni el Pacto de Estabilidad (la cantidad que le correspondería a España es una cantidad claramente insuficiente: 10.000 millones de euros). La reducción de fondos que estos Pactos exigen es muchas veces superior al minúsculo añadido de recursos que se propone en el Pacto de Crecimiento.

Particularmente lamentable es el apoyo de los partidos socialdemócratas y verdes alemanes al Pacto Fiscal, lo cual han hecho con fines electoralistas, consecuencia de la campaña exitosa de los medios alemanes, de presentar un hartazgo del pueblo alemán en su supuesta ayuda a los posibles vagos y excesivamente protegidos de la periferia. Ahora bien, como ha señalado la Izquierda alemana –Die Linke- tal promoción de un nacionalismo alemán chauvinista ignora que la clase trabajadora alemana ha sido una víctima de las políticas de austeridad llevadas a cabo por el gobierno Merkel, e iniciadas por la coalición socialdemócrata-verde que gobernó antes que la Sra. Merkel. Die Linke sostiene, con razón, que un trabajador alemán tiene más en común con el trabajador griego o español que con el establishment bancario y/o exportador de Alemania. Si los salarios alemanes hubieran subido al nivel que les correspondía por su productividad, tal como había propuesto en su día su Ministro de Finanzas, Oskar Lafontaine, la demanda doméstica alemana hubiera crecido estimulando su economía y, con ello, la economía europea. El canciller Schröder, sin embargo, no aceptó esa medida y cuando gobernó Alemania llevó a cabo, en su lugar, sus reformas neoliberales, incluyendo las políticas de austeridad que, continuadas por Merkel, nos están llevando al desastre. (Gerard Schröder es hoy uno de los gestores mejor pagados en Alemania en el sector exportador). De ahí que se requiera una movilización de las bases de aquellos partidos en contra de sus equipos de dirección cómplices de unas políticas públicas que están dañando a sus electorados tradicionales.

Fuente: http://blogs.publico.es/dominiopublico/5517/por-que-la-socialdemocracia-y-los-verdes-en-la-ue-estan-equivocados/

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